Un PSOE desnortado que vuelve a navegar por el guerracivilismo

Un PSOE desnortado que vuelve a navegar por el guerracivilismo

Hace tiempo que el PSOE tuvo que hacer un parón en el camino y plantearse a qué lugar le llevaba su rumbo político. La reivindicación del guerracivilismo, el revisionismo histórico, el acercamiento a los planteamientos y partidos populistas y nacionalistas. Y, sobre todo, a cuestionarse si esa deriva hacia un programa que lo aleja de la moderación, no tiene todo que ver con una ausencia de discurso que lo deja a expensas de movimientos espasmódicos de sus líderes.

El 155 y el golpismo separatista dieron una imagen del PSOE distinta de la habitualmente ofrecida en los últimos tres lustros. El partido de Pedro Sánchez parecía recuperar cierta cordura al respaldar la intervención de Cataluña y plantearse que, independientemente de cuestiones ideológicas, no podía perder el eje constitucional.

Pero, lo cierto es que han bastado escasos meses de respaldo al 155 y a la acción del Gobierno frente al desafío separatista, para que el PSOE haya vuelto a su pérdida de rumbo.

La proposición de ley del PSOE para la reforma de la ley de Memoria Histórica, que será debatida en los próximos meses, ha ratificado el retorno a la senda del más puro guerracivilismo impulsado en la época de Rodríguez Zapatero y respaldado por Pablo Iglesias. Los socialistas han planteado penas de hasta cuatro años de cárcel o quince años de inhabilitación para el empleo o cargo público para autoridades y funcionarios, y de cuatro años para particulares o profesionales de la comunicación. Y todo ello, si alguien osa desafiar su versión de la historia. Una versión, por otra parte, falsa y sectaria, que niega la realidad de una catastrófica Segunda República que acabó en la vulneración más evidente de las garantías jurídicas, la seguridad personal, el respeto a los derechos y libertades y los propios cauces democráticos.

Pero la realidad es lo de menos para este PSOE. En su proposición legal, registrada el pasado diciembre, los socialistas piden una modificación de determinados artículos del Código Penal para “castigar a las autoridades y funcionarios públicos que incumplan esta ley o se nieguen a aplicarla”.

“Aunque el espíritu de la Ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica”, añaden.

A partir de ahí y con esa justificación, el PSOE reclama el castigo a la autoridad o cargo público que, “por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas”. En estos casos, podrán ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante hasta quince años.

La norma incluye la censura en los medios de comunicación. Los socialistas quieren incorporar un nuevo punto en el artículo 510 del Código Penal, de forma que se castigue con hasta cuatro años de cárcel a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales” o elaboren “escritos o cualquier otra clase de material o soportes” que sean “idóneos” para fomentar esas conductas.

Por si fuera poco, también serán sancionados con dos años de prisión quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas” mediante escritos y otros materiales o quienes “enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución”.

Y, además, al más puro estilo orwelliano, se instaura una “Comisión de la Verdad”, un “órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido”. Órgano no judicial, pero en base al cual se determina la ‘verdad’ que abre la puerta a penas de prisión.

Su supuesta verdad es fácil de anticipar: que la Segunda República no tuvo ningún fallo ni violación legal ni de derechos, que el socialismo de aquella época no fue violento ni alentó el derrocamiento de la propia legalidad republicana, que no hubo asesinatos por parte de pistoleros socialistas y que todos los males venían de una derecha enloquecida.

Una verdad impuesta que, en caso de que esta barbaridad legislativa salga adelante, pasaría a erradicar la investigación histórica, la libertad de cátedra, el derecho de los niños a no ser engañados ni adoctrinados, el derecho de toda persona -y en especial el deber de los informadores e investigadores- de contar la verdad, y la más mínima libertad de opinión.

Esa es la propuesta. Una propuesta que podría llevar a la cárcel a historiadores como Stanley Payne, Julius Ruiz, Manuel Álvarez Tardío o Roberto Villa. Simplemente porque decidieron investigar la realidad.

Y ese es el camino elegido por el PSOE, el de la radicalidad.

El mismo que ha elegido en tierras catalanas, donde, pese a la apariencia oficial, comparte plataformas con separatistas para impulsar un referéndum independentista “pactado”. Porque lo cierto es que, aunque lo haga fuera de los focos, ex cargos del PSC, de ERC y de la CUP mantienen contacto desde los días posteriores al golpe del 1-O para lograr una votación más, una que cuente con la legitimidad de una aceptación oficial para poder exigir, acto seguido, una modificación constitucional que allane el camino al reconocimiento de la autodeterminación catalana. O, como le llaman en el seno del PSC con Miquel Iceta a la cabeza, el “reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Catalunya”.

Los impulsores de esos contactos son Andreu Mas Colell -el apoyo económico de Artur Mas y mentor de la actual mano derecha de Carles Puigdemont en el golpe de estado: Elsa Artadi- y el cerebro financiero del Estatuto catalán y del tripartito que unió ya en 2003 a ERC y PSC: Antoni Castells. Él fue, de hecho, el que negoció y logró de Zapatero el privilegio de diseñar un modelo de financiación que posteriormente fue impuesto a todo el resto de comunidades autónomas. Y fue el autor del argumentario que ha servido para que todo el separatismo repita sin cesar desde aquellos años que España roba a Cataluña. También se encuentra en primera línea de los contactos en favor del referéndum pactado el impulsor y padre político de Anna Gabriel en la CUP: David Fernández. El mismo que relanzó el papel violento de las CUP contra las empresas y el turismo: él fue el artífice del acoso al Mobile World Congress.

Todos juntos con el objetivo de lograr un referéndum “pactado” que afiance el separatismo y consiga lo que el 155 frenó: seguir avanzando hacia la autodeterminación de Cataluña.

Esa es la senda que retoma el PSOE. Una senda radical desde la que pretende juzgar los pensamientos de los demás, mientras sigue caminando sin rumbo hacia un dañino e incierto destino.