La tardía y necesaria defensa de la educación en castellano

La tardía y necesaria defensa de la educación en castellano

POR CARLOS CUESTA. El Gobierno, y en concreto el Ministerio de Educación, por fin ha decidido plantearse que el 155 debe valer para algo más que convocar unas elecciones. Que en la esencia de este artículo pensado para defender la Constitución y “el interés general de España” está el intentar solventar aquello que atenta contra los derechos de los españoles. Y uno de esos derechos, evidentemente, es el de la libertad educativa de los padres. Porque los padres tienen derecho a poder ofrecer a sus hijos una formación sin adoctrinamiento de ningún tipo y, por supuesto, en la lengua que la Constitución recoge como única oficial en todo el territorio español.

Por eso Educación se ha planteado la posibilidad de que la matrícula en colegios e institutos de Cataluña incluya la opción por una casilla que exija la formación en castellano como lengua vehicular. Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. No es una decisión cerrada. “Somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión», afirmó Marín. Pero primero, «tenemos que saber si esto nos corresponde», añadió.

La discusión sobre si le corresponde al Gobierno garantizar los derechos de los españoles en todo el territorio español parece un tanto viciada por factores políticos. Especialmente cuando el artículo 149 de la CE-78 recoge sin matices un primer punto que detalla que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Y evidentemente ahí se encuentra la educación.

Pero más allá de esa consideración jurídica, la realidad es evidente que reclama la inmediata intervención estatal. Porque resulta complicado no asumir que el auge del voto separatista experimentado desde 1995 hasta ahora -en 27 puntos, según el CIS- no haya tenido todo que ver con el adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Especialmente cuando en 1990 la Generalitat lanzó su programa 2000 centrado expresamente en el control de profesores, colegios, inspectores y alumnos para lanzarlos al pensamiento nacionalista. Y especialmente cuando se observa una radiografía del tejido escolar en Cataluña que produce miedo.

Esa radiografía la ha realizado, por ejemplo, la Fundación Unidad + Diversidad. Entidad que acaba de finalizar sus estudios sobre los colegios en esta comunidad autónoma y ha concluido que ni un solo centro permite la educación vehicular en castellano.

En Cataluña hay en total 4.635 centros de Infantil, Primaria y Secundaria y de ellos ni uno oferta educación con el castellano como lengua vehicular de enseñanza. El resultado es que para un total de 1.196.148 alumnos, sólo 15.000 alumnos (menos del 1%) pueden estudiar en colegios que oferten la educación en castellano. Y todos ellos son privados: con un coste de más 6.000 euros por niño y año.

Porque lo cierto es que en Cataluña, en estos momentos, es imposible escapar a algo que, efectivamente, es difícil llamar simplemente “adoctrinamiento”. Más bien es una dictadura lingüística. Especialmente porque contraviene al 100% el mandato legal y constitucional de la posibilidad de elección de educación.

La única forma de librarse de esta violación sistemática de los mandatos constitucionales es acudir a uno de los colegios privados trilingües donde el 33% de las clases (2 asignaturas) son en castellano, tal y como señala el informe.
El coste mínimo de los colegios privados trilingües es de unos 600 euros mensuales. Es decir, que, al margen del gasto en comedor y transporte, solamente la educación puede oscilar entre los 6.000 euros y los 8.000 euros dependiendo de si se opta por clases de complemento y del centro elegido.

El panorama se convierte en dantesco cuando se descubre, además, que “en Andorra hay tres centros donde se oferta enseñanza con el castellano como lengua vehicular”, añade el estudio. Es decir, que literalmente es más sencillo recibir educación en castellano en el extranjero que en Cataluña.

La intervención del Estado, además, yo no se sólo una exigencia por la evidente violación de derechos en Cataluña. Lo es porque esta lacra se extiende.

La misma fundación ha evaluado igualmente el sector educativo en la Comunidad Valenciana. Y el resultado no es muy alentador.

Sólo el 13% de los escolares de la Comunidad Valenciana pueden estudiar con el castellano como lengua vehicular. 89.510 de 688.542 en cifras absolutas. Y ello en una comunidad oficialmente gobernada por el socialista Ximo Puig, eso sí, en alianza con Mónica Oltra (Compromís).

Y allí, prácticamente, sólo los menores residentes en la zona considerada oficialmente como castellanoparlante tienen acceso a educación troncal en esta lengua. El resto de padres o alumnos que quieren acceder a esta educación -a la que tienen derecho constitucionalmente- tiene que renunciar a ella.

El desglose de los datos es revelador del grado de imposición lingüística. Tan sólo un 12% de los alumnos de la Comunidad Valenciana, estudian íntegramente en castellano con la lengua valenciana como materia (Castellón, 4%; Valencia, 5% y Alicante, 24%)”, señala el estudio. Es decir, que del 13% potencial, sólo un punto porcentual renuncia a estudiar en esta lengua. Pero, pese a ese porcentaje de aceptación, en el resto de zonas no es posible reclamar la educación en castellano.

Es más, incluso los que pueden estudiar en lengua castellana pueden ir perdiendo este derecho en breve. “Se trata del colectivo de alumnos a los que se les está aplicando el nuevo Programa Plurilingüe Dinámico (PPD) con el fin de ir progresivamente pasando a un modelo de inmersión en valenciano”, añade el informe. Es decir, que, en breve, el porcentaje de alumnos con derecho efectivo a recibir educación en castellano será aún menor.

El Programa Plurilingüe Dinámico (PPD), está especialmente ideado para la zona Castellano Parlante, es decir para alumnos cuya lengua materna es el castellano, con el objetivo de ir aumentando progresivamente el número de horas de clase en valenciano.

Y no es sólo la Comunidad Valenciana la que sufre el contagio del adoctrinamiento nacionalista. Baleares o País Vasco son igualmente exponentes avanzados de esta utilización de la educación con fines políticos.

Y todo ello, tan sólo ha empeorado en los últimos quince años. De forma simultánea, casualmente, al ascenso del desafío separatista.

Por eso tiene que actuar el Gobierno. Porque en absoluto es una cuestión cultural. Es una violación de derechos. Un plan general de adoctrinamiento de los niños para convertirlos en votantes nacionalistas. En mentes que alberguen odios y factores de división. Y, por supuesto, que la Constitución ampara la intervención del Estado para evitarlo.