Junqueras asegura que acata el 155 y pide al Supremo salir de la prisión preventiva

Junqueras asegura que acata el 155 y pide al Supremo salir de la prisión preventiva

Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros catalanes encarcelados de ERC se han comprometido ahora a perseguir la independencia de Cataluña «por vías estrictamente pacíficas y democráticas».

Así se expresan los cuatro antiguos gobernantes catalanes (Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó) en los escritos en los que piden su liberación al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien les investiga por rebelión al liderar el plan secesionista ilegal. Su encarcelamiento preventivo, igual que a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, les lleva a dar marcha atrás en sus posiciones.

Con esa idea, los exconsejeros de ERC argumentan que no existe el riesgo de reiteración delictiva que justificaría su permanencia en prisión, como apreció la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la primera instructora del caso. Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó aseguran que «aceptan la aplicación del artículo 155, no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». Mantienen así su objetivo de que se celebre un referéndum independentista, pero en este caso admiten que deberá alcanzarse a través de un pacto.

En el escrito, la defensa de los cuatro exconsejeros pide a Llarena la liberación y, en caso de que lo vea necesario, que sean citados a comparecer para discutir los motivos de la prisión preventiva. Aun así, el escrito se extiende en numerosos argumentos para desvirtuar los riesgos de fuga y reiteración delictiva con el objetivo de evitar esa posible citación, en la que tendrían que verbalizar esa renuncia a las vías unilaterales, quizá en varias ocasiones, ante las preguntas de la Fiscalía, lo que podría defraudar a su parroquia independentista. Los cuatro imputados alegan que son candidatos a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, y que su estancia en prisión lesiones su derecho a la participación política.