Gracias D. César Sánchez por defender mi libertad a elegir educación. ¿Dónde están el resto? Por RICARDO GARCÍA

 

Ser Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en Valencia implica siempre una fuerte carga de trabajo y de responsabilidad, pero en estos tiempos, y especialmente los que forman parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Comunidad Valenciana, debido a las amplias modificaciones del modelo educativo en sede autonómica, ostentan un cometido especialmente cualificado, puesto que deben proceder al enjuiciamiento de un cambio importantísimo en el modelo educativo español.

En la Comunidad Valenciana, esgrimiendo competencias autonómicas, se está modificando muy rápidamente -en menos de dos años-, todo el sistema educativo previsto en la Constitución. Las ocurrencias educativas se sitúan a la vanguardia en España, -sólo compitiendo con Aragón y Andalucía en algunos aspectos-, con el fin de eliminar el derecho a decidir de las familias (su libertad) y que sea el Estado, en este caso la Comunidad, quien pueda decidir la educación que procede.

La verdad es que han sido muchas las disposiciones en materia educativa elaboradas por la Consellería de Educaciò y aunque despu´s se enunciarán algunas de ellas, se podrían resumir afirmando que se trata de ejemplos claros de injerencia ideológica en materia educativa. Las ideas que sustentan esas medidas son muy viejas y están más que superadas en este país. Se alega una pretendida “defensa de lo público”, el fomento de la “subsidiariedad de lo privado”, y otras ideas muy alejadas de aquellos que nos gusta lo público y que también defendemos a la iniciativa privada y que creemos que la convivencia de ambos sistemas permite una sana competencia que supone la mejora del sistema en su conjunto, posibilitando a las familias que puedan elegir, que puedan decidir ¿qué educación prefieren para sus hijos?, puesto que la posibilidad de elegir, la competencia entre unos y otros centros nos aporta mejora constante de la que se aprovecharán los alumnos, nuestros hijos.

Cuando se niega la posibilidad de elegir desde normas jurídicas es por qué se trata a las familias valencianas como incapaces para auto determinarse libremente, sin capacidad para poder elegir con libertad el sistema que sea más acorde con su forma de pensar, con su ideología, incluso con su libertad religiosa, ya que muchos valencianos deciden que sus hijos se formen en colegios católicos o bien, algo mucho más simple, en muchas ocasiones se busca el mejor colegio porque nuestros hijos son lo más importante.

Si se eliminan o reducen los conciertos educativos y se ponen trabas a la iniciativa privada, con el tiempo, sólo quedarán los centros públicos. Se elimina así, la necesidad de tener que decidir, la pesada carga de pensar y tener que decidir ¿dónde escolarizo a mis hijos?

Aunque, esta afirmación anterior se debe matizar, queda una vía de escape, los centros estrictamente privados -sin ningún tipo de ayuda pública- donde las élites podrán afrontar su elevado coste mensual. Dicho de otra forma, “los de arriba” (expresión coloquial que se entiende bien por algunos) quedan fuera de estas medidas inquisitoriales, no así, el conjunto de familias de la sociedad valenciana, “los de siempre” los que sí necesitan encontrar en sus gobernantes las herramientas que permitan que nuestros hijos puedan tener las mismas oportunidades que otros niños el día de mañana.

Vamos a ilustrar al lector, por lo que respecta a las modificaciones operadas en sistema educativo en estos dos cursos, se pueden citar, entre otras: la rebaja de líneas educativas en centros concertados, la redistribución de los conciertos que dejan de ser automáticos y deben autorizarse año a año, la desaparición de conciertos de bachillerato en centros que lo disfrutaban desde hace muchos años, la discriminación positiva para terminar con la educación diferenciada, las medidas de estímulo de la ideología de género en las aulas, la desaparición de los derechos de elección con el cambio del distrito único a los diferentes distritos educativos, el modelo lingüístico con la presencia mejorada del inglés como regalo a los que dan más clases en valenciano en perjuicio de la lengua nacional, la desaparición de las becas para los alumnos que, teniendo derecho a recibirlas por los principios de capacidad y mérito conjugado con el nivel de rentas, decidan estudiar en centros universitarios de titularidad privada, o la vulneración del derecho a realizar prácticas los estudiantes de ciencias de la salud en centros públicos cuando no estudian en centros universitarios privados. En ese “salto hacia delante” se han modificado hasta las ayudas a las empresas de transporte que ahora sólo recibirán ayudas cuando las rutas paren en la puerta de centros públicos.

Y ante este cambio de sistema, ¿quién ha alzado la voz?, ¿quién se ha enfrentado desde la sociedad civil a estas reformas marcadas por la ideología intransigente? ¿quién ha salido a la calle a protestar?, ¿quién ha acudido a los tribunales para que se respete la legalidad constitucional? ¿quién se ha negado a ser testigo mudo de este atropello al derecho a elegir, a la libertad en definitiva?

La voz la han alzado miles de valencianos. Esa voz se puede oír en tertulias, en terrazas, en bares, en reuniones familiares, en la puerta de los colegios, pero también en la calle, donde ya se han celebrado varias manifestaciones masivas en contra de esas medidas educativas con miles de personas alzando su voz, ahora bien, desde el respeto y la educación, ya que no se han realizado acciones violentas, ni acciones de “escraches” en la puerta del domicilio de ningún político con responsabilidades en el ramo y mucho menos ante sus familias o hijos.

Han acudido, con educación y respeto institucional, a los tribunales de justicia en concreto al Tribunal Superior de Justicia –y por eso me acordaba de los Magistrados de este Tribunal- muchos colectivos y personas físicas: asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones empresariales del ámbito educativo, sindicatos, colegios, universidades, empresas de transportes, alumnos, etc… . En el Boletín Oficial se puede observar que se han publicado más de 100 recursos planteados ante el Tribunal en materia educativa, o dicho de otra forma, enjuiciando la legalidad de todas esas reformas.

Sin embargo, me llama más la atención y quisiera detenerme en las acciones que han sido tomadas y también en las que no lo han sido por parte de las Administraciones Públicas que tienen el control de la legalidad de los actos de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos. Esto es, las Diputaciones Provinciales y la Delegación del Gobierno. Las Delegaciones de Gobierno cuentan con la abogacía del estado para recurrir ante los tribunales las disposiciones legales de Comunidades Autónomas y/o ayuntamientos que vulneren la legalidad estatal y especialmente el orden constitucional (Arts. 73,1,d y 77 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), y aunque tenemos múltiples ejemplos de su actividad, en esta materia de vulneración educativa nada han hecho. Por lo que respecta a las Diputaciones Provinciales, con menores competencias para recurrir, puesto que sólo puede actuar cuando se vulneren los intereses de la provincia (Arts. 31,3 y 36,1,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), sin embargo, hay que destacar el paso al frente y la valiente decisión del Presidente de la Diputación de Alicante, D. Cesar Sánchez de recurrir el decreto del plurilingüismo que recientemente ha sido estimado en vía de adopción de medidas cautelares, acordándose la suspensión de su aplicación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Esta situación plantea otra pregunta, ¿por qué no la Delegación de Gobierno ha ejercido las acciones legales oportunas para defender el art 27 de la Constitución?, y ¿dónde han estado las otras dos Diputaciones Provinciales de la Comunidad Valenciana?. Ya es hora que nuestros representantes públicos sean valientes y den un paso adelante para decir que “NO”, que el legislador no puede vulnerar la Constitución, que existe la libertad de enseñanza; que el derecho de los padres a la elección del modelo educativo no es una cuestión ideológica política ya superada hace años; que la libertad de creación de centros docentes debe concurrir en términos de igualdad y no de subsidiariedad; que los trabajadores de los centros concertados también deben ser respetados por la política, en fin, que ya está bien, y por eso, cuando después de tantas medidas recurridas ante los tribunales por la sociedad civil, un servidor público da un paso adelante hay que aplaudirlo y preguntarse ¿dónde están los demás? Y lo más importante ¿van a despertar para defender la legalidad frente a la ideología que modifica el consenso constitucional en materia del derecho a la educación?

Gracias, muchas gracias, D Cesar por defender la identidad propia de los valencianos y tantos derechos que al día de hoy siguen pendientes de sentencia. Quiero recordar que sigue pendiente de sentencia:

  • El derecho de los alumnos a realizar prácticas en centros de salud públicos cuando estudian en centros universitarios privados
  • El derecho de los alumnos a tener becas si deciden formarse en Universidades de iniciativa social
  • El derecho de los padres a elegir el centro docente donde quieren escolarizar a sus hijos
  • El derecho de los profesores de los centros concertados a su estabilidad laboral, que ahora depende de cada curso con el concierto
  • El derecho de los titulares de los centros a saber si van a continuar con el concierto al año próximo.
  • Y otros muchos derechos, cuya vulneración se acumula ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En definitiva, ¿qué entidad pública va a defender el derecho a la educación?

Y, por último, si los señores Magistrados, -a los que hacemos llegar todo nuestro respeto y apoyo para que puedan trabajar sin ninguna clase de presiones-, al final, deciden que estos cambios son contrarios a Derecho, ¿Cómo van los miembros de la Consellería de Educaciò y del ejecutivo valenciano a cumplir sus responsabilidades para reparar todo el daño que están causando con esas disposiciones?

Cada vez somos más los que pensamos que, frente a actuaciones claramente cuando menos, “altamente imprudentes” se les debería aplicar lo previsto en aquella Ley de 5 de abril de 104 y su reglamento de 23 de septiembre de 1906 de la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando se llevan a cabo, y sobre todo, se mantienen medidas de este tipo conociéndose situaciones y antecedentes como los siguientes:

  • La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado siete autos de medidas cautelarísimas de fecha de 16 de mayo de 2017 solicitadas por los centros educativos Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey, Teresianos del Pilar; Virgen de Guadalupe, San Gabriel y Virgen de la Esperanza contra la orden de la Consejería de Educación de 12 de mayo por la que se suprimen aulas de primero de infantil en varios colegios concertados. Hasta el momento, son siete centros educativos que han presentado recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la orden de la Consejera de Educación.
  • Un auto de la Sección 4ª de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado la petición de la Diputación de Alicante y suspende cautelarmente el decreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria
  • La Sentencia de 24 de mayo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revocó la orden de la Consejería de Educación, de 27 de febrero de 2014, que denegó la solicitud de acogerse al régimen de conciertos educativos al centro docente privado Altair de Sevilla, a partir del curso académico 2014/2015 por un periodo de tres años. De dicho centro es titular la Sociedad Anónima para el Fomento de las Enseñanzas del Sur (SAFES). La orden de la Consejería andaluza denegó el concierto por considerar que ese centro incumplía el artículo 14 de la Constitución (discriminación por razón de sexo), el artículo3 de la LOE, la Convención de la UNESCO y la Ley de la Igualdad de Género en Andalucía al impartir enseñanzas en los niveles obligatorios conforme al sistema de educación diferenciada. La Sala Tercera explica que los colegios privados que quieran acogerse al sistema de concierto tienen que cumplir los requisitos legales recogidos en el artículo 84.3 de la LOE en su redacción dada por la LOMCE el 9 de diciembre de 2013, es decir, antes de la orden de la Junta de Andalucía que denegó el régimen de concierto al colegio sevillano.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional Chileno STC Rol Nº 2935-15 INA, de 21 de diciembre de
  • La Resolución recaída en el Expediente: 20132958, del Procurador del Comú de Castilla-León, dictada en León, a 5 de diciembre de 2013.

En fin, que la libertad es un bien muy necesario que debemos proteger mucho en estos tiempos, y en materia educativa más. Confiamos en que el Estado de Derecho situará las cosas en su lugar, pero, al día de hoy, los derechos siguen sin poder ejercerse con libertad en la Comunidad Valenciana.

Quisiera recordar a nuestros políticos aquellos célebres versos del Reverendo Martín Niemöller sobre los nazis y la sociedad de aquél momento. Una de las versiones dice así:

“Primero fueron a por los judíos, y yo no hablé porque no era judío.

Después fueron a por los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista.

Después fueron a por los católicos, y yo no hablé porque era protestante.

Después fueron a por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara por mí”.

Gracias D. Cesar, y ahora les pregunto sobre lo que nos preocupa: ¿Qué hay de lo nuestro, de lo que nos preocupa de verdad? ¿Qué van a hacer los señores políticos para defender la libertad en la educación?

Ricardo García García. Profesor Titular Derecho Eclesiástico del Estado. (Acreditado como Catedrático 1/7/2011). Universidad Autónoma de Madrid