¿Crisis de derechos humanos? Por el Cardenal Arzobispo de Valencia D. ANTONIO CAÑIZARES

Aunque parezca extraño, estamos asistiendo a una gran crisis de derechos humanos universales, palabras muy bellas para discursos y declaraciones, pero realidad cada vez más escasa y vulnerada. Muchos aspectos podríamos señalar acerca de la actual crisis. A mi entender, uno de los asuntos más graves y delicados es la desaparición de un concepto de persona que no esté sometido a las decisiones cambiantes y de poder de los hombres sobre qué es la persona. Este es el mismo problema con el que se enfrenta la moral y la ética. Hoy ha desaparecido la conciencia de la verdad de la persona como algo que nos precede y que no está sometida a nuestro arbitrio, aunque esta subjetividad sea expresión de una colectividad humana en una cultura determinada.

A esta negación de la verdad de la persona humana conduce también el «liberacionismo», que se expresa en el «liberalismo relativista » y el «liberalismo progresista», su heredero. No es extraño que la crisis de los derechos humanos en estos momentos sea muy grande, porque lo que se está poniendo en juego es la verdad del hombre, el hombre mismo. Estamos en fases muy profundas de una crisis antropológica.
Es importante para situar la cuestión de esta crisis hacer referencia al contexto cultural. Este contexto se caracteriza, entre otras cosas, por un escepticismo ante la verdad o por un relativismo cultural y moral. La sociedad o la cultura dominante actual parece que ha dejado de creer en la verdad; en su lugar, duda escépticamente de ella. Domina la persuasión de que no hay verdad última, de que no existen verdades absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable, y de que toda certeza es síntoma de inmadurez y dogmatismo intolerante.

De ahí puede deducirse que tampoco hay valores universales que merezcan adhesión incondicional y permanente. ¿Habría derechos humanos fundamentales, de todos y para todos, en cualquier circunstancia? De esta suerte, las formas distintas de percibir la verdad, los valores y aun los derechos por parte de los individuos y grupos sociales se hacen objeto de un cierto consenso, en el cual tiene categoría de criterio determinante la opinión socialmente más extendida y el valor funcional que la acredita.

Individuos y grupos se ven obligados a renunciar a convicciones con pretensión de hallarse objetivamente fundadas, verdaderamente totalizadoras de la existencia, que aportarían sentido a la vida por su carácter integrador de todos los elementos personales y sociales. Se ven, en definitiva, obligados a orientarse sin esa referencia hacia una verdad última y universal que los trasciende. Este es, a mi entender, el drama de nuestro tiempo. ¿Quién no ve en este clima cultural unas consecuencias graves para el derecho que cada día se convertirá en más positivista? De hecho, se está abriendo paso en la opinión ciudadana una teoría del derecho neopositivista, para la cual la mayoría electoral y parlamentaria, establecida según las reglas de la democracia formal, es la fuente última del orden jurídico, incluidas sus primeras bases constitucionales, sin excepción alguna, ni siquiera en lo que se refiere a la definición de los derechos fundamentales de la persona humana.

El problema de la dignidad de la persona humana y de su reconocimiento pleno es piedra angular del estado y de todo su ordenamiento jurídico. Afecta, por ello, a los fundamentos mismos de la comunidad política; y esto mismo es lo que parece que se pone en tela de juicio cuando se da en la cultura dominante de nuestros días el escepticismo y relativismo epistemológico imperante. La democracia, para ser verdadera -creemos que podremos estar de acuerdo-, para crecer y fortalecerse como debe ser, necesita de una ética y de un derecho que se fundamenta en la verdad del hombre y reclama el concepto mismo de la persona humana como sujeto trascendente de derechos fundamentales, anterior al Estado y a su ordenamiento jurídico.

La razón y la experiencia muestran que la idea de un mero consenso social que desconozca la verdad objetiva fundamental acerca del hombre, de la persona humana, y de su destino trascendente, es insuficiente como base para un orden social honrado y justo. Lo sabemos bien, la democracia no implica que todo se pueda votar, que el sistema jurídico dependa de la mayoría y que no se pueda pretender la verdad en la política. Por el contrario, es preciso rechazar con firmeza la tesis según la cual el relativismo y el agnosticismo serían la mejor base filosófica de la democracia, ya que ésta, para funcionar, exigiría que los ciudadanos son incapaces de comprender la verdad y que todos sus conocimientos son relativos, varios o dictados por intereses y acuerdos ocasionales.

Como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe en su Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, “la historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado” (n. 2).

No podemos negar la evidencia de que “existe actualmente la tentación de fundar la democracia en el relativismo moral que pretende rechazar toda certeza sobre el sentido de la vida del hombre, su dignidad, sus derechos y deberes fundamentales. Cuando semejante mentalidad toma cuerpo, tarde o temprano se produce una crisis moral de las democracias. El relativismo impide poner en práctica el discernimiento necesario entre las diferentes exigencias que se manifiestan en el entramado de la sociedad, entre el bien y el mal –lo justo y lo injusto–. Cuando ya no se tiene confianza en el valor mismo de la persona humana, se pierde de vista lo que constituye la nobleza de la democracia ésta cede ante las diversas formas de corrupción y manipulación de sus instituciones” (Juan Pablo II, Discurso a los líderes de partidos demócrata-cristianos, 23 de noviembre de 1991).

Columna publicada en La Razón por el Cardenal Arzobispo de Valencia D. Antonio Cañizares.